Redacción RD:          

CDMX 12 octubre 2020.- Tras la denuncia de Amnistía Internacional interpuesta ante la ONU por el creciente número de niñas y mujeres desaparecidas en México, el Lic. Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), aseguró que mientras no existan las adecuaciones necesarias al marco jurídico que homologuen a nivel nacional los criterios para investigar y castigar el delito de feminicidio, las cifras de víctimas en el país están lejos de reducirse.

Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que el número de mujeres asesinadas en México ha aumentado hasta en un 145% en los últimos seis años, siendo Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Michoacán y Jalisco los estados con mayor número de casos.

“Desafortunadamente el país carece de medidas preventivas con respecto al feminicidio. En los 32 Estados de la República dicho delito es definido de una forma diferente, incluso a lo que marca la propia federación en el Código Penal; lo cual da como consecuencia que en cada entidad se tomen en cuenta distintos criterios para que ese crimen tenga procedibilidad, pueda ser judicializado y llevado a los tribunales para ser sancionado.

Lo mismo sucede con las comisiones encargadas a nivel estatal, por lo que se debe reflexionar de manera seria ¿Cómo se está valorando la vida de las mujeres en el país si no existe una unificación de criterios para protegerlas o hacerles justicia?”, cuestionó el experto.

Si bien es cierto, que los casos más visibles de este delito tienen un vínculo directo con la violencia de género y entornos familiares, la situación de inseguridad que permea en México ha propiciado que las mujeres se hayan convertido en un blanco fijo para el crimen organizado, mediante las redes de trata y las narcorevanchas entre bandas criminales en las que secuestran y torturan hasta darle muerte a las parejas o familiares de otra célula del crimen, para enviarles mensajes de guerra mediante semejante acto.

“Sabemos que la problemática es multifactorial y que es compleja de abordar, pero también es sumamente importante destacar la falta de fortalecimiento de las instituciones a nivel estatal y municipal para que adopten mecanismos coordinados en el abatimiento del delito.

Urge crear y promover marcos normativos homologados, políticas públicas, mayor enfoque educativo en materias como civismo, pero también  trabajar en la supresión de contenidos televisivos violentos en donde se muestra a capos del crimen organizado sometiendo mujeres en distintos ámbitos que van desde el laboral, sexual, imponiéndoles regímenes de conducta que tienen que llevar a cabo, porque ellos son los patriarcas, los dueños del poder y todo eso genera un mal enfoque sobre todo en nuestra niñez y en nuestros jóvenes”, enfatizó.

El avance en la creación de fiscalías para abordar el feminicidio, es un aspecto positivo pero insuficiente con respecto al nivel de impunidad que se vive en el país, por lo que la rendición de cuentas y el trabajo en la prevención del delito resultan fundamentales, ya que algunas veces las instituciones encargadas de impartir justicia minimizan las denuncias por violencia intrafamiliar o de género y posteriormente son las mismas que se tienen que encargar de abrir una indagatoria por feminicidio del mismo caso que dejaron sin sanción alguna.

Cifras oficiales han determinado que tan solo en el primer semestre del presente año se registraron 489 feminicidios, lo cual representa un crecimiento del 9.2% si se compara con el mismo lapso de tiempo del año pasado, dejando en claro que ni siquiera el aislamiento sanitario derivado de la pandemia por Covid 19, pudo funcionar como un mecanismo de contención para evitar que se cometieran más crímenes de esta índole.

“El problema es bastante amplio, pero el camino es muy claro, no podemos seguir utilizando las leyes que existen de los códigos penales para sancionar de una manera diferente el delito de feminicidio en cada entidad federativa. La vida de las mujeres no puede valorarse ni sancionarse de manera diferente en cada entidad del país”, finalizó el presidente del CNSP.   

El Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.

es una asociación con más de 20 años de vida en la política empresarial que representa a empresas de calidad en el sector de la seguridad privada, agrupando a organizaciones profesionales en diversas modalidades de la seguridad privada con servicios como guardias intramuros, custodia de bienes y personas en transporte, investigación, capacitación especializada entre otros, así como productos relacionados a la seguridad como videovigilancia, sistemas de geolocalización, tecnologías de control de acceso y seguridad perimetral y equipamiento personal y empresarial de protección y seguridad.