Redacción:

CDMX  julio 2017.-  Corrupción, impunidad y violaciones graves de los Derechos Humanos son enfermedades que están minando la salud de la nación y que amenazan su desarrollo económico, político y social. Padecemos, todos, una profunda e indignante injusticia y no podemos ni estamos dispuestos a acostumbrarnos.

Este fenómeno se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. Hemos llegado a un punto insostenible.

Somos los ciudadanos, mexicanas y mexicanos del sector público, privado y social, los que tenemos que construir las bases de un verdadero Estado de derecho como piso firme del desarrollo nacional. Debemos tomar control sobre la realidad que se nos está yendo de las manos.  El andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme. Ahora tenemos que perseverar su cabal construcción e implementación.

Los más de 634,000 ciudadanos que impulsamos la iniciativa ciudadana #3de3 y el primer paquete legislativo anticorrupción, siempre supimos que para desterrar la corrupción e impunidad sería necesario seguir planteando ideas, haciendo propuestas y exigiendo derechos. No hay duda. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está despertando; y también está despertando resistencias.  Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción.

Durante este año, hemos identificado renuencia de algunos de los Congresos locales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados mediante la figura de Parlamento Abierto; hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al momento de hacer nombramientos tanto del Sistema Anticorrupción, como de sus espejos en los estados; y, hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto tiene que parar.

La más evidente expresión de esa resistencia ha sido atacar, sin fundamento alguno, la forma en la que fueron seleccionados los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes están a la cabeza del Sistema Anticorrupción. La selección se hizo con apego a las mejores prácticas y con completa apertura y la información sobre la metodología utilizada siempre fue pública. Ante las resistencias encontradas, nos manifestamos más decididos que nunca a seguir construyendo un país de leyes e instituciones. Un país con plena vigencia del Estado de derecho.

Hace un año, en la promulgación de las leyes que darían lugar al Sistema Nacional Anticorrupción hicimos saber a los poderes de la Unión que “iríamos por más”, y enfatizamos que no bastaban las primeras siete leyes del Sistema; insistimos en que la transformación de un régimen gravemente afectado por corrupción, impunidad, y violaciones a los derechos humanos, requería un esfuerzo continuo y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades.

Aquí estamos; convencidos de que la exigencia social logrará terminar con la simulación y traerá una transformación profunda de nuestras instituciones públicas y vicios privados.  Pese a las resistencias encontradas, seguimos convencidos de que la ruta institucional es la mejor forma de transformar a nuestro país.

Por eso, organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales confirmamos hoy que #VamosPorMás.  Sabemos que necesitamos fortalecer al naciente Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos dispuestos a trabajar para proponer, y también para exigir, del Gobierno Federal, del Congreso de la Unión, de los gobernadores y de las legislaturas locales los siguientes puntos:

 *En primer lugar, y en eso coincidimos con lo propuesto por el colectivo por una #FiscalíaQueSirva, una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General no solo autónoma, sino independiente, eficaz, con los controles democráticos adecuados. *Nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local;  *Recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales anticorrupción;  *Reformas legislativas que, entre otras, incluyen las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores para otorgarles inmunidad y evitar la impunidad

Tenemos que avanzar en estos temas y otros más. Desde la prevención de la corrupción, pasando por la denuncia y la procuración e impartición de justicia, hasta la reparación del daño y la rehabilitación, es muy amplia la gama de cambios y mejoras que requiere tener un país más justo.

#VamosPorMás es una coalición amplia y plural que caminará con organizaciones civiles de todo el país y con aquellos funcionarios y legisladores que quieran aprovechar hasta el último día de esta administración federal para impulsar reformas y acciones; y buscará que cada día de los dos períodos legislativos restantes de esta Legislatura sean aprovechados al máximo. Lo decimos con una sola frase: seguiremos trabajando contra la impunidad y contra la corrupción; por un México más íntegro, #VamosPorMás.