Redacción:

CDMX 05 de enero 2017.- El presidente de COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, hizo eco de la molestia ciudadana ante el alza en los precios de los combustibles y advirtió que provocará una escalada de aumentos en otros productos, elevando la presión sobre los bolsillos de la clase media y sectores vulnerables de la población.

Ante el llamado gubernamental a la ciudadanía para que tolere los aumentos, el dirigente empresarial pidió sensibilidad política a las autoridades para atender el reclamo social y convocó al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a considerar una reducción sobre el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), pues dicha carga fiscal impide que el precio de las gasolinas se mueva a la baja como ocurre en el mercado internacional, para favorecer a los consumidores.

El líder empresarial hizo un llamado a la cordura y pidió al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, abrir los canales necesarios para que la ciudadanía pueda expresar su molestia ante los aumentos en los precios de los combustibles y solicitó a los inconformes canalizar su molestia dentro de los cauces legales.

Padilla Zenteno lamentó que nuevamente la necesidad recaudatoria del gobierno caiga sobre los bolsillos del usuario final, en lugar de ajustar los egresos del gobierno y eliminar gastos innecesarios tanto del Gobierno de la República, así como de los de los poderes Legislativo y Judicial y explicó, que esta escalada de aumentos golpeará con dureza la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas, lo cual dificultará su permanencia y pondrá en riesgo su capacidad generadora de empleo.

El representante de los empresarios capitalinos recordó que uno de los beneficios esperados por los mexicanos de la reforma energética era reducir los precios, y en su lugar han aumentado. Sin embargo, aclaró que el problema no radica en la reforma, sino en su implementación y en los malos manejos de las finanzas públicas, pues optaron por elevar los impuestos en lugar de buscar recortes efectivos en el gasto público.

En línea con las peticiones de COPARMEX Nacional, Padilla Zenteno subrayó la necesidad de que se mejore la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, pues actualmente el costo de los combustibles lleva una carga fiscal superior al 40% del precio final.

El dirigente de Coparmex-CDMX recordó que los combustibles son indispensables para que las empresas mexicanas puedan desarrollar con normalidad sus actividades, pero el plan de aumentos escalados planteados por el gobierno se convierte en un serio lastre que frena la competitividad y la capacidad productiva de las empresas mexicanas.

El líder empresarial cuestionó la política recaudatoria del gobierno, pues en aras de conseguir más recursos para la Federación han inyectado presión extra a la productividad interna y pone en riesgo la estabilidad social, mientras no existe ninguna señal verdadera de su parte por acabar con la corrupción, los gastos dispendiosos y, sobre todo, la impunidad de los gobernantes que se apropian del erario público sin tener un castigo ejemplar, por los que la mayoría de la población ya comenzó a levantar la voz a partir de los primeros minutos de este año.

Reiteró, que no están solicitando un subsidio al precio de la gasolina, pero sí que se elimine la carga fiscal impuesta por el gobierno a través del IEPS y del IVA sobre combustibles.  La liberación de los precios de la gasolina, consideró, traería beneficios si no tuviera que soportar tan elevada carga fiscal, lo que queda de manifiesto cuando Pemex vende en Houston gasolina más barata debido a que está exenta de la carga fiscal mexicana.

A manera de ejemplo, recordó que de enero a noviembre de 2016 el gobierno federal recaudó a través del IEPS a gasolinas y diésel 263,546millones de pesos y en el proyecto de ingresos de la Federación para 2017, se proponía la recaudación 284,000 millones de pesos, por el mismo concepto.

Padilla, coincidió con Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de COPARMEX, en la necesidad de un recorte efectivo del gasto público donde se establezca una meta de reducción real con respecto del gasto autorizado por el Congreso, sin reducir la inversión pública o los recursos de programas sociales, sino eliminando la corrupción y los gastos excesivos en publicidad y elecciones, entre otros.