REDACCIÓN:

CDMX 20 de julio 2016.- En seguimiento a la propuesta de aumentar el impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas de $1 peso a $2 pesos por litro, diversos senadores presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoria Superior de la Federación, realizar una investigación del destino y ejercicio de los recursos recaudados por este impuesto desde su implementación. Los promoventes de este punto de acuerdo son los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Mario Delgado Carrillo, apoyados de diversas organizaciones de la sociedad civil integradas en la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición ContraPESO.

Este nuevo acto legislativo acompaña la iniciativa introducida el pasado 13 de julio en el Senado de la República que argumenta la necesidad de aumentar el impuesto a los refrescos y las bebidas azucaradas dada su efectividad en disminución el consumo. Dicha iniciativa señala que, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2014 se observó una disminución en 6% de las compras de bebidas con impuesto, así como un aumento en 4% en el agua potable. Asimismo, una estimación preliminar del INSP llega a la conclusión de que en 2015 se redujo el consumo en 8% en relación al consumo previo al impuesto.

Durante la presentación de la iniciativa para aumentar el impuesto, los senadores señalaron que si bien el impuesto ha sido efectivo en disminución del consumo de bebidas que no son saludables y que incluso causan muertes en el país (24,100 muertes prematuras cada año), falta fortalecerlo no sólo a través de su aumento, conforme a las recomendaciones internacionales, sino también con la transparencia y destino social de los recursos recaudados. Es en este sentido, que presentan un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal una mayor transparencia en el uso de dichos recursos.

Los promoventes recuerdan que desde que se aprobó el actual impuesto a las bebidas azucaradas de $1 peso por litro, las leyes de Ingresos de los años 2014, 2015 y 2016 incluyeron un Sexto Transitorio que especifica que los recursos recaudados por el gravamen deberán “destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”, situación que a la fecha dista de ser cercano a la realidad.

“A la fecha, el impuesto ha recaudado más de $50 mil millones de pesos, de los cuales menos del 10% se ven reflejados en los presupuestos de los últimos tres años. En este sentido, es necesario dar más claridad al destino de los recursos obtenidos, e incentivar a la Secretaría de Hacienda a dirigirlos para el objetivo social por el cual fue impulsado el impuesto: la prevención de la obesidad”, señaló Luis Manuel Encarnación, Coordinador de la Coalición ContraPESO.

Por su parte, Alejandro Calvillo de la Alianza por la Salud Alimentaria declaró: “El presidente Peña al presentar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (31 de octubre de 2013) señaló: “Para potenciar el efecto favorable de esta reforma es de esperar que los señores Diputados también aprueben dentro del presupuesto una partida sustancial de la recaudación de estos impuestos al gasto en salud, a programas de prevención del sobrepeso y la obesidad, así como a medidas para incrementar el acceso a agua potable en centros escolares”, ya lo dijo el Presidente y lo han establecido los legisladores; ahora los recursos deben ser dirigidos a la prevención y la atención en materia de salud”.

Los legisladores y las organizaciones enfatizan que ya hay ejemplos a nivel internacional de propuesta de impuestos basados en la necesidad no sólo de desincentivar el consumo de las bebidas azucaradas, al estar relacionadas con la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes, sino también de fortalecer la capacidad financiera para aumentar los presupuestos de prevención mediante programas sociales de salud y educación nutricional. Tal es el caso reciente del Reino Unido y de la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos, dónde los recursos recaudados se destinarán para programas escolares y similares.

Actualmente, la Comisión de Salud del Senado de la República tienen bajo dictaminación una iniciativa presentada en septiembre de 2015 la cual propone crear un Fondo en forma de fideicomiso para que los recursos del impuesto a las bebidas azucaradas se destine exclusivamente a la prevención de la obesidad y las enfermedades asociadas, incluyendo medidas para garantizar el acceso al agua potable, conforme a las más recientes recomendaciones internacionales de políticas efectivas de prevención.