Carta enviada a la Redacción:

A un año del homicidio de las periodistas Marcela Yarce Viveros que trabajaba en el semanario Contralínea y Rocío González quien fue ex reportera de Televisa, el pasado miércoles 19 de septiembre, un juez sentenció a 109 años de prisión a Lázaro Hernández Ángeles, uno de los dos acusados de robar y asesinar a las comunicadoras.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Hernández Ángeles uno de los homicidas, además de la pena impuesta; deberá pagar un millón de pesos como reparación del daño y 94,515 pesos por concepto de indemnización a causa de la muerte de las dos reporteras. Otro de los detenidos, Óscar Jair Quiñones Emmert, sigue en proceso, según la PGJDF.

Como se recordará las periodistas fueron privadas de su vida el 31 de agosto de 2011 en la cuidad de México. Marcela Yarce y Rocío González, ambas de 48 años de edad; fueron encontradas –con signos de violencia–, sus cuerpos fueron abandonados en un parque a espaldas del panteón San Nicolás Tolentino, en la colonia El Mirador, delegación Iztapalapa. La Procuraduría capitalina informó en esos días, que la principal línea de investigación era la de feminicidio, por la violencia utilizada contra las víctimas.

La Casa de los Derechos de Periodistas celebra que después de un año hayan sentenciado a unos de los implicados en el crimen de las comunicadoras, y al mismo tiempo exige que se encuentre y castigue a todos los implicados en el doble asesinato incluyendo al autor intelectual. De la misma forma exigimos de las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno, se investiguen a fondo sobre los asesinatos de periodistas que han sido denunciados en todo el país.

Confiamos en que la sentencia de 109 años de prisión sirva como un mensaje a quienes atentan contra las y los periodistas, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que entre 2000 y 2012 han sido asesinados 82 comunicadores en el país, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hace un año la solidaridad del gremio se sintió, y el 11 de septiembre, días después del asesinato de Rocío y Marcela, varias organizaciones del gremio periodístico participaron en una marcha nacional acompañados por integrantes de la sociedad civil, el motivo fue exigir el esclarecimiento del crimen de las colegas. Un mes después realizaron un mitin en la Procuraduría capitalina y fueron atendidos por el doctor Miguel Ángel Mancera, quien era el titular de la dependencia. Ahora a un año, uno de los criminales pagará su sentencia.

* CNDH concluye que Zárate Vite es culpable de acoso sexual.- * La averiguación de abuso sexual contra funcionario sigue su curso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que Jorge Arturo Zárate Vite, ex coordinador de Comunicación y Proyectos de esa dependencia incurrió en acoso sexual contra varias trabajadoras a su cargo. El funcionario que renunció en abril, será inhabilitado para trabajar en el servicio público, con el fin de evitar que el sujeto pueda afectar a más mujeres.

Hace ocho meses el grupo de trabajadoras denunciaron el acoso laboral y el abuso sexual de que fueron víctimas por parte del entonces Coordinador de Comunicación.

La CNDH a través del Órgano Interno de Control (OIC) dio por terminada la investigación sobre las tres víctimas de acoso laboral y abuso sexual y ha determinado que su ex vocero, Jorge Arturo Zárate Vite es culpable. Según esa instancia, Zárate Vite recibirá una sanción y será inhabilitado para trabajar en el servicio público

Previo a esta determinación el ex titular de la Coordinación de Comunicación y Proyectos, presentó su renuncia el pasado mes de abril alegando que se dedicaría a su defensa, por lo que es necesario vigilar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos verdaderamente le imponga la sanción mencionada.

De acuerdo a las trabajadoras, en el origen de la denuncia el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva se negó a recibirlas, por lo que presentaron pruebas tales como: cartas de puño y letra de Zárate Vite, mensajes electrónicos de correos institucionales, mensajes de celulares que les enviaba el servidor público así como grabaciones de audio que prueban la culpabilidad del titular de Comunicación y Proyectos.

Para evitar que la denuncia se pierda en una simple inhabilitación de quien abusó de su posición como servidor público, mediante una carta dirigida a Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, las víctimas esperan la pronta intervención de ese organismo para dar seguimiento a la denuncia radicada en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el documento fechado el 7 de septiembre solicitaron de igual forma que se verifique la investigación que lleva a cabo la propia CNDH a través del Órgano Interno de Control, encabezado por Franco Fabbri

De manera paralela a esta solicitud, las mujeres también sostuvieron en días pasados una reunión con el Subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales, Irving Barrios Mojica, para hablar sobre los avances del proceso que consta en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXVIII/089/2012.

La Casa de los Derechos de Periodistas,  considera que es una vergüenza que funcionarios de la CNDH, cuya tarea es facilitar información a los y las periodistas, incurran en estos delitos que agreden y afectan a las trabajadoras. Atentamente Lic. Judith Calderón Gómez Presidenta

Para mayor información Mtro. Jaime Guerrero Coordinador Ejecutivo CDP 55-1473-9402 5536-8859 / Calle Patricio Sanz 449, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México Distrito Federal E-mail: casadelosderechosdeperiodistas.org.mx. Website: www.periodistas.org.mx/ Teléfono 01(55) 5536 8859.

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