Redacción RD:

CDMX 10 de julio de 2022.- Diversas organizaciones de extrabajadores ferrocarrileros de todo el país, encabezados por el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical y por la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, han iniciado un proceso para recopilar información de todos los extrabajadores ferrocarrileros que fueron despedidos con motivo de la privatización del sistema ferrocarrilero mexicano iniciado en 1995 y concluido en el 2001.

El objetivo es tener la información de todos aquellos trabajadores que laboraron en Ferrocarrileros Nacionales de México, sin distinción de ningún tipo, para que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado puedan configurar un modelo de compensación económica que haga justicia a los ferrocarrileros ante los miles de casos de ausencia de jubilación y liquidación, así como de robos de sus patrimonios generados por actos de corrupción incluso ante laudos ganados por ellos.

Al respecto, Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO, señaló: “Existe un compromiso por parte del gobierno federal para que dichas dependencias puedan diseñar este modelo y con ello hacer justicia a miles de extrabajadores ferrocarrileros ubicados en todos los rincones de la república mexicana, la gran mayoría de ellos de avanzada edad”.

Añadió que los representantes ferrocarrileros harán un seguimiento detallado a este proceso y de momento se encuentran a la espera de una próxima reunión con los funcionarios federales para que se les informe del inicio de esta estrategia de compensación económica, tal y como se hizo con otros gremios como el caso de los trabajadores electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Cabe recordar que en mayo de 1995 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señalando los medios y reglas a seguir en el proceso privatización del servicio ferroviario mexicano y para el seis de diciembre de 1996 se concretó la primera concesión del sistema, el Ferrocarril del Noreste, seguida de otras  más a lo largo de los siguientes años y que de un día para otro dejaron sin fuente de trabajo a miles de ferrocarrileros y sus familias por aquella política neoliberal privatizadora.

Como resultado de este proceso, mismo que fue una consecuencia directa de la Reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados y que fue promovido por la nueva dirigencia sindical a cargo desde 1997 de Víctor Flores Morales, miles de trabajadores ferrocarrileros fueron liquidados.

Además, se calcula que solo alrededor del 10% de la planta total laboral de Ferrocarriles Nacionales de México fue recontratada por las empresas concesionarias nacionales e internacionales con el total consentimiento de Flores Morales

A partir de entonces miles de trabajadores ferrocarrileros fueron víctimas de un sin número de ilegalidades en torno a sus jubilaciones, ya que a muchos no se les otorgaron, a otros se les dieron de forma deficiente en detrimento de su patrimonio, otros más no fueron liquidados, lo que llevó a miles de ellos a entrar en procesos judiciales para defender su derecho en prácticamente todo el territorio mexicano

Los miles de ferrocarrileros que no han recibido su liquidación o que no les han entregado el dinero de sus laudos ganados por parte de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en los Estados, han denunciado ante las autoridades federales estos casos para que se les haga justicia después de casi 30 años.

Los trabajadores han sido víctimas de un contubernio y confabulación entre las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, abogados particulares que llevan las demandas de los trabajadores y abogados que representan al IMSS, FFCC NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION, incluyendo diversos grupos bancarios para el trámite del supuesto pago de los laudos o acuerdos.

El modus operandi es que todos los anteriormente mencionados se han puesto de acuerdo en cómo ganar el juicio, para que del retroactivo que le correspondería al trabajador se apropien por completo o le dejen máximo el 30%.

El pasado 25 de mayo y ante un nuevo cuestionamiento por parte de los medios de comunicación al mandatario mexicano, éste dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que diera paso a un proceso de acuerdo para resarcir el daño financiero perpetrado en contra de alrededor de 10,000 o más extrabajadores ferrocarrileros.