* Tanto ambiental y de salud en la Zona Metropolitana del Valle de México. Urgente una política integral de transporte a escala metropolitana que mejore y de preferencia al público sobre el privado. EPC exige cierre de centros de verificación y cárcel a sus responsables en todos los casos de corrupción.
REDACCIÓN:
CDMX 17 de marzo 2016.- La Zona Metropolitana del Valle
de México, una de las regiones más pobladas del planeta, ha entrado en
emergencia ambiental y de salud a consecuencia de la profunda corrupción en los
centros de verificación vehicular que han permitido la entrada en circulación
de más de 600,000 vehículos y, principalmente, a causa de un modelo de
transporte que ha dado prioridad al automóvil privado.
Las ventas
de engomado cero y doble cero por los centros de verificación han
fluctuado entre 500 y 1,500 pesos. Según datos del Centro de Mario Molina a
partir de mediciones realizadas en 2015, con equipo de sensor remoto, cerca del
45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen
holograma dos, rebasa los límites permitidos por la normatividad actual.
El Poder
del Consumidor (EPC), exige que de manera inmediata se establezcan
penas severas contra los verificentros que han incurrido y están incurriendo en
prácticas de corrupción, reconociendo a estas prácticas no sólo como actos de
cohecho y daños al medio ambiente, sino también como atentados contra la salud.
“Si no hay penas verdaderamente persuasivas que impliquen el retiro de las
licencias de operación a los concesionarios de los centros de verificación,
multas severas y la pena de cárcel, la corrupción se mantendrá”, señaló Alejandro
Calvillo, director de EPC.
“Las
modificaciones recientes al programa “Hoy
No Circula”, la resolución de la Corte permitiendo que los vehículos
mayores a 8 años puedan portar las calcomanías cero y doble cero si no rebasan
las emisiones establecidas para ello, sumadas a la corrupción en los centros de
verificación dispararon el parque vehicular, la circulación de vehículos
altamente contaminantes, aumentó el tráfico, disminuyó la velocidad de
circulación, aumentaron las emisiones por kilómetro recorrido y llegamos a la
contingencia”, señaló Daniel Zamudio, Coordinador de transporte Eficiente de EPC.
Por su
parte, Stephan Brodziak,
Coordinador de la Campaña Aire Limpio de EPC, señaló: “Aunado a la
corrupción imperante en los verificentros, están los influyentes grupos de
interés conformados por la gran industria automotriz agrupada en la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) los cuales han
logrado obstaculizar el reforzamiento y actualización de las regulaciones que
más beneficios podrían traer a la población, al medio ambiente y a la
competitividad del país: Normas de eficiencia, calidad de combustibles y
control de emisiones tanto de flota ligera como pesada”.
A pesar
del vacío de autoridad que regule debidamente el proceso de verificación
vehicular, el Código Penal para el Distrito Federal (Art. 347 y 347 bis
fracciones I, II y III y Art. 347 Ter. fracciones I, II y III) sanciona la
mayoría de las prácticas de corrupción que se realizan en los centros de
verificación: desde la manipulación de datos informáticos hasta la portación de
documentos que acreditan la verificación, pero que no fueron expedidos conforme
a los procedimientos establecidos.
No basta
con aplicar la ley, sino que habría que modificar las siguientes reglas para
poder obtener resultados concretos:
*Modificación de las penas: actualmente el soborno en materia ambiental tiene
penas menores que las de un cohecho (soborno) cualquiera. Es necesario no solo
equiparar las sanciones, sino que, en el caso del daño al medio ambiente,
incrementarlas. *Establecer una agravante cuando haya daños a la salud:
actualmente, la verificación está concebida como una protección al medio
ambiente, más no como una medida preventiva de daño a la salud.
Prueba
de ello es la elevada suma de externalidades que la población mexicana paga año
con año y no sólo en términos económicos, sino también en salud, muertes
prematuras y pérdida en la calidad de vida. Estimaciones del INEGI en 2009 el
costo por contaminación atmosférica fue el mayor costo ambiental del país,
calculado en 4.4% del PIB. Además, cada año mueren cerca de 15,000 personas por
causas asociadas a la mala calidad del aire, tan sólo en la Ciudad de México
mueren al año 4,000 personas por esta razón. Mientras AMIA celebra el récord de
ventas el año pasado alcanzando la cifra de 1, 351,648 unidades vendidas en el
país 20% más que el año anterior. Unidades que se venden bajo regulaciones
obsoletas y desactualizadas en temas de eficiencia, control de emisiones y
dispositivos de seguridad.
El Poder del Consumidor llama a implementar políticas de
fondo para combatir esta situación:
*Ampliar el Metro en las zonas
generadoras de empleo.. *Ordenar y transformar el actual transporte público de
microbuses que domina la Ciudad de México. *Renovar el transporte público con
una estrategia de mejoras en la operación y carriles exclusivos.*Crear nuevos
estándares para la renovación de banquetas y estrategia peatonal en torno al
transporte público existente. *Cerrar áreas de la ciudad a la circulación de
automóviles privados. Establecer las normatividades
internacionales recomendadas para la eficiencia y emisión para los vehículos que
entran al mercado en México.*Implementar un índice nacional de calidad del aire
que integre los riesgos sumados de los diversos contaminantes y de fácil
comprensión para la población. Dicho índice debe basarse en la propuesta
original del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras más, concluyeron los
ponentes.