* Estas son la clave para el combate a la corrupción. México sigue estancado en el lugar 126 de 180 entre los países más corruptos del mundo y con una calificación de 31/100, en dónde 100 es altamente íntegro.
Redacción RD:
CDMX 12 febrero 2024.- La International Chamber of
Commerce México (ICC México) considera que el paquete de reformas
presentado el pasado 5 de febrero por el presidente de la
República, atenta directamente contra el combate a la corrupción y
desvanece el modelo democrático del país, por lo que hace un llamado al
Congreso de la Unión a priorizar las instituciones y reflexionar seriamente los
riesgos que envuelven estas reformas.
En 2018,
el presidente prometió combatir la corrupción y la impunidad como su prioridad
número uno. Transparencia Internacional reporta a inicios de 2024 que México
sigue estancado en el lugar 126 de 180 entre los países más
corruptos del mundo y con una calificación de 31/100, en dónde 100 es altamente
íntegro y 0 es altamente corrupto. La propuesta de reformas del presidente
socava las instituciones que debieran combatir la corrupción que el presidente
prometió erradicar.
Así
también, la ICC México sugiere que en estos momentos del país no debemos
desviar la atención de los temas más urgentes como son el combate a la
impunidad y la inseguridad que priva a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Las 20
iniciativas de reforma incluyen 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales.
Para la Comisión Anticorrupción de ICC México destacan tres propuestas
estructurales: la reforma al Poder Judicial de la Federación, la desaparición
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) y la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción.
1. La reforma al
Poder Judicial
propone reducir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de 11 a 9 ministros, disminuir la mayoría calificada de 8 a 6 votos,
modificar la forma de selección de los ministros y magistrados en un modelo
aparente de “votación popular”, así como la desaparición del Consejo de la
Judicatura Federal y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial.
Lo más relevante de esta reforma es que el transitorio prevé la eliminación de
la actual integración de la Suprema Corte y la designación de nuevos
ministros.
Esta
propuesta implica, de facto, el desmantelamiento de uno de los Poderes de la
Unión al erosionar por completo los pesos y contrapesos internos que subsisten
en la integración actual de la Suprema Corte. Eliminar a la Suprema Corte
actual y sustituirla por una integración completamente nueva implica un riesgo
del equilibrio de poderes, especialmente en el poder que se encarga de
determinar los límites de las autoridades frente a los derechos
constitucionales de los ciudadanos.
Respecto
al mecanismo de voto popular para la selección de ministros y magistrados, es
altamente dudoso que esa propuesta sume a garantizar la imparcialidad o la
capacidad técnica y legal de los magistrados y ministros. Todo lo contrario, el
voto popular solo permitirá la selección respecto de aquellos que hayan sido
previamente preseleccionados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo
que la fórmula está lejos de ser en realidad un modelo de representación
directa.
La reforma propuesta busca eliminar el Consejo de
la Judicatura y asegura el desmantelamiento de una de las instituciones
administrativo-legales más sólidas del país que se encargan de garantizar el
servicio de carrera judicial, la capacitación, así como la selección y
adscripción de jueces y magistrados de acuerdo con estándares imparciales. Nuevamente, socava el balance de pesos y
contrapesos republicano y busca concentrar el poder.
2. La desaparición
del INAI
propone en su lugar dejar en manos de los sujetos obligados el cumplimiento de
los deberes de transparencia y protección de datos. Esto los hace juez y parte,
y volverá eufemística, para efectos prácticos, la transparencia y el acceso a
la información pública. Para combatir la corrupción, es necesario saber dónde
se encuentra. Sin transparencia e información respecto al uso de recursos
públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención.
El INAI se ha consolidado como un
organismo constitucional imparcial que ha impuesto a los sujetos obligados del
país a hacer pública información crucial para develar los grandes desfalcos y
redes de corrupción que operan en este y otros sexenios tal como la
Estafa Maestra, el caso Odebrecht, Segalmex, irregularidades en el AIFA o el
Tren Maya. Fortalecer y preservar al INAI es un presupuesto fundacional
de cualquier combate a la corrupción potencialmente efectivo.
3. El presidente
propone eliminar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
(“SESNA”) e
integrarla a la Secretaría de la Función Pública. La integración y eficacia del
SNA es un factor clave en una verdadera estrategia que busca detectar y
erradicar la corrupción en nuestro país, lo cual se logra a través de una
coordinación entre las entidades que lo integran, así como el establecimiento
de bases de datos de información tal como la Plataforma Nacional Digital,
aspectos que hoy están en manos de la Secretaría Ejecutiva. Por ende, eliminar
la SESNA lejos de abonar a esta consolidación implica la antesala de su
desmantelamiento e implícitamente una visión de permitir y proteger los casos
de corrupción.
La Comisión
Anticorrupción de la ICC México
identifica estos aspectos estructurales que ponen en riesgo el modelo
democrático y establecen el desmantelamiento de instituciones clave para el
combate a la corrupción. Estos aspectos son neurálgicos tanto para el
desarrollo económico y social interno del país, así como sus relaciones
comerciales y políticas en todo el mundo. Exhortamos al Congreso y a la
sociedad en general a valorar estos riesgos y a adoptar un diálogo constructivo
que busque fortalecer la democracia y una agenda anticorrupción que se traduzca
en acciones tangibles y no se quede en discursos.